La nueva Ley Antilavado ha entrado en vigor en México y está redefiniendo la forma en que el sector inmobiliario opera. Con reformas aplicables desde 2025, los cambios en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) colocan al real estate en el centro de un nuevo enfoque regulatorio donde la trazabilidad, la transparencia y la identificación de beneficiarios finales se convierten en pilares clave.

¿Qué cambió con la nueva Ley Antilavado?

La Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reforzaron los controles sobre las actividades vulnerables, incluyendo las operaciones inmobiliarias. Entre los cambios más relevantes se encuentran:

• Identificación obligatoria de beneficiarios finales: no solo se debe registrar al comprador o vendedor, sino también al verdadero controlador del capital.
• Límites más estrictos para pagos en efectivo: el tope de 8,025 UMA (aproximadamente $719,200 MXN) se mantiene, pero ahora con vigilancia activa ante cualquier fraccionamiento o triangulación.
• Reportes obligatorios más detallados: las inmobiliarias deben entregar avisos más precisos a la UIF si las operaciones superan ciertos umbrales o presentan señales de alerta.
• Responsabilidad solidaria: agentes y comercializadoras pueden ser sancionados si colaboran con estructuras opacas, incluso sin intención directa.

¿Por qué se refuerza el control en el sector inmobiliario?

El mercado inmobiliario ha sido históricamente uno de los principales canales para el lavado de dinero, debido a:

• El alto valor de las operaciones.
• El uso de empresas fachada o fideicomisos.
• La posibilidad de pago en efectivo o criptoactivos.
• La revalorización natural del inmueble que “blanquea” el capital con el tiempo.

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México se encuentra en riesgo medio-alto en este rubro. Por eso, el endurecimiento del marco legal busca proteger el mercado y elevar la confianza en las inversiones formales.

Impacto directo en el sector

El nuevo marco regulatorio implica un cambio de mentalidad y de procesos internos. Ya no se trata solo de vender; se trata de vender de forma trazable y verificable. ¿Qué es recomendable hacer?:

Desarrolladores:

• Aplicar protocolos de identificación y bancarización de pagos desde la preventa.
• Identificar beneficiarios reales en fideicomisos y sociedades.
• Integrar políticas de compliance que atraigan capital institucional y extranjero.

Agentes inmobiliarios:

• Sujetos obligados ante la UIF.
• Deben conservar documentación por mínimo 5 años.
• Requieren capacitación para identificar operaciones sospechosas y cumplir con los reportes obligatorios.

Agencias inmobiliarias:

• Designar un responsable de cumplimiento.
• Implementar protocolos internos.
• Enfrentan multas de hasta 5 millones de pesos por incumplimientos.

Cómo cumplir sin frenar las ventas

Cumplir con la ley no significa perder eficiencia. Al contrario: es una ventaja competitiva. Algunas recomendaciones:

• Digitalizar procesos: implementación de KYC, registro de clientes y documentación automatizada.
• Capacitar al equipo de ventas: en límites de pago, señales de alerta y documentación.
• Transparentar operaciones: desde la preventa hasta el cierre, con contratos claros.
• Aliarse con despachos legales especializados: para proteger la operación y evitar riesgos.

El valor de la confianza

La nueva Ley Antilavado no es una barrera, sino una oportunidad para elevar la profesionalización del sector inmobiliario mexicano. Las empresas que se adapten no solo evitarán sanciones, sino que ganarán reputación, atraerán inversión extranjera y consolidarán relaciones de largo plazo con clientes conscientes.

En un entorno donde la confianza vale más que nunca, cumplir la ley no es solo una obligación legal: es una estrategia de posicionamiento.